El caso UNGRD vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va más allá de los nombres: ¿quién revisa el patrimonio, las empresas, los contratos y los posibles conflictos de interés de quienes ejercen el poder?
La noticia conocida esta semana alrededor del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deja una cifra que llama la atención: la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 25 bienes, entre ellos 19 inmuebles y seis sociedades, vinculados a seis personas investigadas dentro de este proceso. El valor preliminar de los activos supera los $20.000 millones.
Entre las personas relacionadas aparecen los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, además de exfuncionarios y particulares vinculados a la investigación.
En el caso de Name y Calle existe, además, una actuación de la Corte Suprema de Justicia: en agosto de 2025, la Sala Especial de Instrucción los acusó por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, dentro de la investigación relacionada con la UNGRD. Se trata de un proceso judicial y no de una condena.
Pero esta historia abre una pregunta diferente.
Si esto pasa con algunos excongresistas, ¿quién ronda a los demás?
La pregunta de ADNews no parte de señalar a ningún congresista.
Tampoco significa que exista una irregularidad en el patrimonio de quienes actualmente ocupan una curul.
La pregunta es otra: ¿qué tan efectivo, sistemático y verificable es el seguimiento que se hace al patrimonio y a los intereses económicos de quienes toman decisiones desde el Congreso?
Porque existen herramientas públicas para hacerlo.
El Aplicativo por la Integridad Pública de Función Pública permite consultar información declarada sobre bienes y rentas, conflictos de interés e información financiera de los sujetos obligados. La propia entidad señala que esta información puede ser utilizada por la ciudadanía, los medios de comunicación y los organismos de control para ejercer control social.
Ahí comienza una posible investigación periodística.
Seguir la ruta, no señalar personas
Un ejercicio periodístico serio podría partir de una metodología igual para todos:
Congresista → patrimonio declarado → empresas y sociedades → participación económica → conflictos de interés → financiación de campaña → contratos públicos → socios y representantes legales → relaciones empresariales → evolución patrimonial.
Cada dato tendría que ser comprobado con documentos y fuentes públicas.
Y hay algo fundamental: tener una empresa, recibir una donación de campaña, aparecer como socio de una sociedad o aumentar el patrimonio no constituye por sí mismo una conducta ilegal.
El trabajo periodístico estaría precisamente en determinar qué dicen los documentos, qué relaciones existen, cuáles están declaradas y cuáles requieren una explicación adicional.
¿Quién vigila a quienes tienen el poder?
La pregunta también alcanza a las instituciones.
¿Quién revisa?
¿Qué información está disponible?
¿Qué información no está disponible?
¿Con qué frecuencia se actualizan las declaraciones?
¿Qué ocurre cuando aparece un posible conflicto de interés?
¿Quién cruza los datos de patrimonio, empresas, contratación pública y financiación electoral?
Y, sobre todo:
¿Puede un ciudadano común seguir el rastro económico de quienes toman decisiones que afectan los recursos públicos?
No se trata de construir sospechas sobre el Congreso.
Se trata de comprobar cuánto puede conocer la sociedad sobre quienes ejercen el poder.
El método antes que la acusación
En ADNews proponemos mirar esta historia desde una perspectiva de periodismo de datos y control ciudadano.
No acusar.
No especular.
No prejuzgar.
Documentar.
Cruzar información.
Preguntar.
Verificar.
Porque investigar el patrimonio de un funcionario o congresista no significa afirmar que haya cometido un delito.
Significa revisar información de interés público y permitir que los documentos hablen.
La pregunta que deja el caso UNGRD, entonces, puede ser mucho más amplia:
Si esto pasó con estos excongresistas, ¿quién está siguiendo el rastro de los demás?
ADNews seguirá la ruta de los documentos.
Fuentes
- Fiscalía General de la Nación, información reportada sobre las medidas cautelares en el caso UNGRD.
- Corte Suprema de Justicia, actuación judicial relacionada con Iván Name y Andrés Calle.
- Función Pública, Aplicativo por la Integridad Pública y declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés.
Deja una respuesta